En la Sede de Fiscalía de Villa Constitución, la jueza de Primera Instancia, Dra. Marisol Usandizaga, resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por el fiscal Ramiro Martínez y aceptado por la Defensa, condenando a Gustavo Villalba a 4 años de prisión efectiva por el delito de comercialización de estupefacientes, en calidad de coautor.

De esta manera, el acusado reconoció su participación en la estructura narco que operaba en la zona norte de la ciudad y evitó la realización de un juicio oral.

El rol que cumplía

De acuerdo a la acusación fiscal, entre el 27 de enero y el 28 de febrero de 2024 Villalba intervino en la comercialización de estupefacientes en un búnker ubicado en un pasillo interno de la colectora Bajada Rubén Díaz.

La investigación determinó que otra persona se encargaba de la organización general del punto de venta, mientras que Villalba cumplía la función de proveer y trasladar la droga desde su domicilio en barrio Luján hasta el lugar de expendio.

En particular, el 28 de febrero de 2024, alrededor de las 6, transportó 80 “bochitas” de cocaína —con un peso total de 11 gramos según la prueba preliminar homologada— destinadas a la comercialización en ese búnker.

Un operativo de gran magnitud

La causa se desprende del impactante operativo llevado adelante el 28 de febrero de 2024 por la Policía de Investigaciones (PDI), bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación, que incluyó 11 allanamientos simultáneos en los barrios Luján, 9 de Julio y Las Chapitas, además de un procedimiento en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

En total fueron detenidas nueve personas y se secuestraron cerca de tres millones de pesos en efectivo, aproximadamente 100 dosis de cocaína fraccionadas, un ladrillo de marihuana de alrededor de un kilo, plantas de cannabis, dos rifles, cinco teléfonos celulares, una notebook, motocicletas tipo enduro y numerosos electrodomésticos y herramientas presuntamente sustraídos.

Los investigadores señalaron entonces que la gran cantidad de objetos recuperados reforzaba la hipótesis de que muchos consumidores canjeaban elementos robados por dosis de droga.

El derribo del búnker

Uno de los puntos más significativos del procedimiento fue el derribo de un sofisticado búnker de venta de estupefacientes situado en barrio Luján. El lugar ya había sido allanado en al menos dos oportunidades previas, con resultados positivos, pero continuaba operando.

El puesto de venta presentaba su perímetro electrificado —tipo boyero— para entorpecer el accionar policial y permitir la fuga o el descarte de droga ante cualquier irrupción. Para poder ingresar y sorprender a los ocupantes fue necesaria la colaboración de personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que realizó un corte general del suministro eléctrico.

Del operativo participaron efectivos de la PDI junto a distintas agrupaciones de la Unidad Regional VI, como el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Cuerpos y Unidades de Orden Público. También se realizó un allanamiento en el pabellón Nº 5 de la cárcel de Piñero, donde se encontraba alojado un interno oriundo de Villa Constitución, Alan Corales, investigado en la causa, y se secuestraron anotaciones de interés.

Investigación y contexto

La investigación, que en un primer momento fue caratulada por amenazas calificadas, extorsiones y abuso de armas, permitió establecer la conexión entre distintos hechos violentos denunciados por vecinos y el funcionamiento de dos bandas dedicadas a la venta de estupefacientes en Villa Constitución.

A partir de tareas encubiertas, testimonios, reportes a la línea 0800 y registros del 911, la PDI logró reconstruir la operatoria del mercado ilegal en distintos barrios de la ciudad.

Con la homologación del procedimiento abreviado, Gustavo Villalba se convierte en uno de los condenados en esta causa que marcó un fuerte golpe a la estructura narco local, simbolizado en el derribo del búnker que funcionaba en la colectora Bajada Rubén Díaz.

Entre los detenidos, además de Villalba, figuraban Carlos R., alias Mudo; Santiago Leonardo R.; Matías Alejandro A.; Enzo M., Narela R. y Abril A. Estos y otros delincuentes son “personajes conocidos” en el ámbito policial “por estar implicados en diferentes tipos de delitos, por los cuales se han librado allanamientos en otras oportunidades y en dichas ocasiones, aparecen nuevos personajes posiblemente involucrados; los cuales se constata que poseen antecedentes por diferentes delitos”, indicó una fuente de la investigación.