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Cómo funcionará el Juicio por Jurados en Santa Fe y qué rol tendrán los ciudadanos

Desde el MPA explicaron el alcance del nuevo sistema de juzgamiento penal, los delitos que serán sometidos a jurados populares y el procedimiento de selección de los ciudadanos convocados.

El nuevo sistema de Juicio por Jurados comenzará a formar parte del esquema judicial de la provincia de Santa Fe y tendrá a la ciudadanía como protagonista central en determinados procesos penales de alta gravedad. Desde el Equipo de Litigación de la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundieron detalles sobre el funcionamiento del mecanismo, sus alcances y las obligaciones que asumirán quienes sean convocados para integrar un jurado popular.

 

Según explicaron integrantes del área especializada, el Equipo de Litigación trabaja en la preparación de los juicios orales mediante el diseño de estrategias, la preparación de testigos y el acompañamiento técnico a fiscales durante las audiencias. En este contexto, comenzaron además a brindar información pública sobre el nuevo sistema de juzgamiento.

 

Los juicios por jurados son procesos penales en los que un grupo de ciudadanos tiene la responsabilidad de determinar si una persona acusada es culpable o inocente. En caso de un veredicto condenatorio, la pena correspondiente será definida posteriormente por jueces técnicos.


 

Qué delitos serán juzgados por jurados

 

La ley provincial establece que no todos los delitos llegarán a esta modalidad. El juicio por jurados será obligatorio únicamente para determinados casos considerados especialmente graves.

 

Entre ellos se encuentran los homicidios calificados, los abusos sexuales seguidos de muerte, los homicidios en ocasión de robo y los hechos en los que intervenga personal policial o penitenciario en situaciones de enfrentamiento.


 

Quiénes podrán integrar el jurado

 

Podrán ser convocados ciudadanos argentinos de entre 18 y 75 años, así como personas nacionalizadas con al menos dos años de ejercicio de la ciudadanía. Además, deberán saber leer, escribir, hablar y comprender correctamente el idioma nacional.

 

Para cada juicio se convocará inicialmente a unas 36 personas. Luego de una audiencia de selección quedarán conformados 12 jurados titulares y 2 suplentes, respetando la paridad de género.

 

Durante esa instancia, tanto la Fiscalía como la Defensa podrán realizar preguntas a los candidatos con el objetivo de garantizar la imparcialidad del jurado.

 

La Oficina de Gestión Judicial notificará a cada ciudadano seleccionado indicando fecha, horario y requisitos para presentarse. En esa comunicación también se detallarán incompatibilidades, sanciones por inasistencias injustificadas y posibles consecuencias ante falsedad de información.

 

Derechos y obligaciones

 

Desde el MPA remarcaron que participar como jurado constituye una carga pública obligatoria. Por ello, quienes sean convocados no podrán ausentarse sin justificación válida.

 

A su vez, el sistema contempla certificados para presentar ante empleadores y prevé una remuneración económica por cada día de servicio prestado.

 

También existen situaciones de incompatibilidad. Por ejemplo, no podrán integrar el jurado aquellas personas que conozcan al fiscal, al defensor, al juez, al imputado, a la víctima o a alguno de los testigos del caso.

 

En cuanto a la privacidad, aclararon que los acusados no tendrán acceso a los datos personales de los jurados y que sus identidades tampoco serán difundidas públicamente.



 

Decisiones unánimes y deliberación secreta

 

Una vez finalizado el juicio, el jurado se retirará a deliberar de manera secreta. Para alcanzar un veredicto será necesaria la unanimidad de todos sus integrantes.

 

En caso de no lograr acuerdo, será el juez o la jueza quien indique cómo continuará el procedimiento.

 

Finalmente, desde el Equipo de Litigación destacaron que la duración de cada juicio dependerá de la complejidad del caso y de la cantidad de testigos convocados, pudiendo extenderse durante varios días.

 

Con la implementación de este sistema, Santa Fe avanzará hacia un modelo de participación ciudadana directa en la administración de justicia penal, una modalidad ya vigente en otras provincias argentinas.

 

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