La Justicia Federal formalizó una investigación penal contra la empresa de logística portuaria Terminales y Servicios S.A. y su presidente por presuntas irregularidades en el transporte y almacenamiento de 30.038 toneladas de carbonato de sodio, una sustancia incluida en el listado de precursores químicos sujetos a control estatal. La causa, impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, comprende posibles incumplimientos en los registros, la documentación y la trazabilidad de la mercadería. Además, se dispuso un embargo preventivo de 100 millones de pesos sobre el patrimonio de la firma.

La audiencia de formalización se realizó el jueves pasado ante el juez federal de garantías Carlos Villafuerte Ruzo, con la intervención del fiscal federal Matías Di Lello, titular de la sede fiscal. El magistrado consideró que los hechos y las evidencias reunidas justificaban avanzar con la investigación por una presunta infracción al artículo 44 bis de la Ley 23.737, que sanciona a quienes falseen u omitan información ante la autoridad de control de precursores químicos.

Las irregularidades detectadas

La investigación se inició a partir de un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional el 12 de junio pasado. Según la información presentada por la fiscalía, la operatoria involucró una carga de 30.038 toneladas de carbonato de sodio importada por una empresa minera y trasladada desde el puerto mediante una flota de 31 camiones.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la falta de inscripción de vehículos y de un depósito de almacenamiento en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). También se habría utilizado camiones y choferes de una empresa tercerizada que no estaban registrados ante el organismo de control.

A esto se suman traslados sin los remitos comerciales correspondientes ni el Código de Autorización de Impresión (CAI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es el almacenamiento de 2.120 toneladas de carbonato de sodio en un depósito que no contaba con la habilitación correspondiente. Esa cantidad de mercadería fue valuada en aproximadamente 337.080 dólares.

La fiscalía también detectó diferencias de stock de 20 toneladas al cotejar los registros aduaneros y de otras 85 toneladas en los cruces de información con los depósitos de la firma. Además, encontró inconsistencias entre las fechas declaradas de arribo del buque, los pesajes portuarios y los registros aduaneros.

En cuanto al seguimiento de los transportes, la empresa prestadora del servicio de geolocalización informó que 18 de los 31 camiones no tenían activo el sistema GPS. En los restantes se identificaron desvíos de ruta que no habrían sido informados.

La documentación aportada para operar la carga también está bajo análisis, ya que la mercadería habría sido declarada como fertilizante. Asimismo, se señalaron incumplimientos en la entrega de información requerida sobre el contrato comercial y la capacidad del depósito utilizado.

Embargo de $100 millones

Durante la audiencia, la defensa solicitó el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos correspondían a irregularidades administrativas. Sin embargo, el juez compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal sobre la existencia de elementos suficientes para formalizar la investigación y rechazó ese planteo.

En consecuencia, hizo lugar al embargo preventivo de 100 millones de pesos solicitado por la fiscalía para asegurar eventuales responsabilidades económicas derivadas de la causa y estableció un plazo de un año para desarrollar la investigación.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la firma regularizó posteriormente la inscripción del depósito y de los vehículos involucrados ante el RENPRE. No obstante, en el ámbito administrativo, el organismo le impuso una multa de 504.688 pesos por los incumplimientos detectados y aclaró que iniciar un trámite de inscripción no habilita por sí mismo el almacenamiento anticipado de sustancias controladas.

La operatoria investigada comprende mercadería importada por un valor estimado de 4.766.252 dólares. Por las tareas de descarga y almacenamiento, Terminales y Servicios S.A. habría percibido aproximadamente 654.228 dólares.

¿Por qué se controla el carbonato de sodio?

El carbonato de sodio es un compuesto químico utilizado en numerosas actividades industriales, entre ellas la fabricación de vidrio y jabones, el tratamiento de aguas y determinados procesos de la actividad minera.

Aunque no es un estupefaciente, está incluido en la Lista II de precursores químicos sujetos a fiscalización estatal. Según explicó la fiscalía, también puede utilizarse en procesos de neutralización, purificación y conversión de pasta base para la elaboración de clorhidrato de cocaína.

Por ese motivo, su transporte, almacenamiento y comercialización están sujetos a obligaciones específicas de registro y trazabilidad. El objetivo es permitir que las autoridades puedan controlar el recorrido de la sustancia y verificar su destino.

La investigación deberá determinar ahora el alcance de los incumplimientos detectados y las eventuales responsabilidades penales de la empresa y de su presidente. La formalización de la causa no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad.