La Justicia Federal de Rosario procesó a siete exintegrantes del Ejército y de la Policía de Santa Fe por delitos de lesa humanidad vinculados con el operativo represivo del 31 de diciembre de 1976 en un edificio de calle Balcarce al 700, donde fueron asesinadas cinco personas y un niño de cinco años resultó gravemente herido. 

Entre las víctimas estaba María Cristina Lucchesi, docente, alfabetizadora y periodista de Villa Constitución, cuya historia está ligada a la de Raúl Horton, delegado de Acindar y militante de la Juventud Peronista asesinado en junio de ese mismo año, y a la de su hijo, Cristian Horton, actual presidente de la Cooperativa Cooperar 7 de Mayo y reconocido dirigente cooperativista a nivel nacional e internacional.

La resolución fue dictada el 22 de octubre por el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, encabezada por el fiscal Adolfo Villatte. La causa reconstruyó la intervención de personal policial y militar en el operativo y en otros hechos represivos relacionados.

Uno de los procesados es Jorge Alberto Fariña, integrante del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, a quien se atribuyó una participación necesaria en los homicidios de María Cristina Lucchesi, Claudia Omar, Ana María Teresa Drago, Osvaldo Antonio Lindner y Daniel Hugo Cambas. También fue procesado por las lesiones graves sufridas por Cristian Horton, entonces de cinco años, y por su sustracción. En su caso, la Justicia dispuso la prisión preventiva.

En tanto, seis expolicías provinciales —Mario Alfredo Marcote, José Carlos Antonio Scortechini, Julio Héctor Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Ernesto Vallejo y Ramón Rito Vergara— fueron procesados como coautores de las privaciones ilegales de la libertad de Gabriel Omar y Stella Maris Báez, quienes permanecieron cautivos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe. Para ellos, la medida se dictó sin prisión preventiva.

Una maestra de Villa Constitución

María Cristina Lucchesi estudió en la Escuela Normal de Villa Constitución, donde se destacó por su desempeño académico y obtuvo una beca durante sus estudios secundarios. Se recibió de maestra y trabajó en la Escuela Sarmiento. También ejerció el periodismo en El Popular, un periódico que circuló en la ciudad durante 1974 y 1975.

Su compromiso social y político incluyó la participación en la Campaña de Reactivación del Adulto para la Reconstrucción (CREAR), una iniciativa de alfabetización y educación popular. Junto con Cristina Monterubbianesi, trabajó en uno de los centros que funcionó en el barrio San Miguel, en el sector del Matadero, donde vecinos y vecinas podían acceder a espacios de aprendizaje y formación.

Su trayectoria quedó ligada a una generación de militantes que impulsó experiencias de organización comunitaria, educación popular y participación política en Villa Constitución. Tras la represión desatada en la ciudad en marzo de 1975, Lucchesi se trasladó a Rosario, donde continuó su vida en un contexto de persecución política cada vez más intenso.

El operativo de calle Balcarce

Durante la madrugada del 31 de diciembre de 1976, fuerzas policiales y militares desplegaron un operativo en la manzana comprendida entre bulevar Oroño, Santa Fe, Balcarce y Córdoba, en Rosario. El objetivo era un departamento del octavo piso del edificio ubicado en Balcarce 742, donde se encontraban Lucchesi, Claudia Omar, Ana María Teresa Drago, Osvaldo Antonio Lindner y Daniel Hugo Cambas.

El procedimiento terminó con la muerte de las cinco personas y dejó gravemente herido a Cristian Horton, hijo de María Cristina Lucchesi y Raúl Horton. El niño fue trasladado al Hospital de Niños de Rosario, donde permaneció bajo custodia hasta el 4 de enero de 1977, sin que se informara a sus familiares sobre su paradero.

La reconstrucción histórica de los hechos también documentó las versiones difundidas en aquellos días por las autoridades militares y policiales, que atribuyeron las muertes a circunstancias diferentes de las que surgieron de testimonios posteriores. El relato de Cristian, uno de los sobrevivientes del operativo, permitió aportar detalles sobre lo ocurrido dentro del departamento y sobre las condiciones en las que resultó herido.

La investigación judicial actual valoró testimonios de sobrevivientes y familiares, documentación periodística de la época, partes militares e informes de inteligencia policial, entre otros elementos que permitieron reconstruir la actuación coordinada de las fuerzas represivas.

Raúl Horton 

La historia de María Cristina Lucchesi también está vinculada con la de Raúl Horton, su compañero y padre de Cristian. Horton era delegado de Acindar y militante de la Juventud Peronista y fue asesinado en junio de 1976, meses antes del operativo de Rosario.

Cristian perdió así a sus dos padres durante el terrorismo de Estado. Años después, construyó una trayectoria propia en el movimiento cooperativo y asumió la presidencia de Cooperar 7 de Mayo, entidad de Villa Constitución desde la que se proyectó como dirigente reconocido en los ámbitos nacional e internacional.

Los otros hechos investigados 

Además de los homicidios ocurridos en Balcarce, la causa reconstruyó las privaciones ilegales de la libertad de Gabriel Omar y Stella Maris Báez, quienes fueron trasladados al Servicio de Informaciones de la Policía provincial.

Omar, hermano de una de las víctimas del operativo, fue detenido el 1° de enero de 1977 cuando concurrió a visitarla y permaneció cautivo hasta el 8 de marzo de ese año. Báez fue detenida el 31 de diciembre de 1976 durante un procedimiento en calle España 1331, en el que fue asesinado su marido, Luis Catena. Permaneció privada de su libertad hasta fines de enero de 1977.

En el caso de Mario Alfredo Marcote, el juzgado dictó la falta de mérito respecto de los homicidios y de los hechos sufridos por el niño, al considerar que no había elementos suficientes para acreditar su intervención personal en esos episodios. Sin embargo, lo procesó por las privaciones ilegales de la libertad de Omar y Báez y dispuso el cese de su detención en esta causa.

La resolución también ordenó embargos por 40 millones de pesos sobre los bienes de Fariña y por tres millones de pesos para cada uno de los otros seis imputados.