El Juzgado Federal N°2 de San Nicolás procesó a dos hombres por el delito de comercio de animales de la fauna silvestre provenientes de la caza furtiva, en el marco de la Ley 22.421 sobre Conservación de la Fauna Silvestre.

Los imputados fueron identificados como Darío M.G., de San Nicolás, y Sergio G., de Granadero Baigorria. El procesamiento fue dictado el 11 de septiembre por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien además trabó embargos de $600.000 y $1.000.000 respectivamente, con la disposición de inhibición general de bienes en caso de no poder cubrir dichos montos.

El fiscal federal Matías Di Lello llevó adelante la investigación, que permitió constatar la existencia de una red de tráfico de aves autóctonas capturadas en la naturaleza y ofrecidas a través de redes sociales. Entre las especies secuestradas se encontraron jilgueros dorados, cardenales copete rojo, reina mora, corbatitas y varilleros congo, entre otras.

“El bien jurídico aquí protegido es la fauna silvestre en sí misma, independientemente de su utilidad para el individuo”, señaló el juez en su resolución, recordando que la ley busca proteger y conservar las especies animales que habitan en el país.

La investigación y los allanamientos

La causa se inició a mediados de 2023, cuando la Brigada de la División Unidad Operativa Federal San Nicolás de la Policía Federal Argentina detectó publicaciones de venta de aves en un grupo de Facebook llamado “Gallinas San Nicolás”.

Las tareas de inteligencia permitieron identificar al vendedor y a su proveedor, quien viajaba desde Granadero Baigorria transportando jaulas con ejemplares capturados.

El 1 de febrero de 2024, se allanó la vivienda de Darío G. en San Nicolás, donde se secuestraron jaulas con cardenales, corbatitas y tres aves muertas. Los ejemplares rescatados fueron trasladados por la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y derivados a la Fundación Temaikén, en el partido bonaerense de Escobar.

Al día siguiente, se allanó la casa de Sergio G. en Granadero Baigorria, donde se encontraron 29 aves vivas en veinte jaulas, además de cuadernos con registros de ventas, precios y anotaciones sobre ejemplares fallecidos.

La fiscalía consideró esos documentos como una prueba clave que permitió reconstruir el circuito de comercialización ilegal.

Especies protegidas y legislación

La inspectora y asesora legal de la Brigada de Control Ambiental, Mariángeles Montero, confirmó que todas las aves encontradas pertenecen a la fauna silvestre protegida por la Ley 22.421.

Algunas especies, como el cardenal copete rojo y el ave manón (Lonchura striata), se encuentran además incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), lo que agrava la infracción.

El fiscal Di Lello destacó la gravedad de los hechos al señalar que los registros secuestrados “ilustran de punta a punta el despliegue y extensión del comercio ilegal y las consecuencias para las aves capturadas”.

Caza furtiva y responsabilidad penal

El juez Villafuerte Ruzo sostuvo que la evidencia recolectada permitió acreditar la materialidad de los hechos y la responsabilidad de ambos imputados.

En el caso del vendedor de San Nicolás, se comprobó la comercialización de animales silvestres capturados ilegalmente, mientras que su proveedor de Granadero Baigorria reconoció haber viajado para “entregar pichones” a cambio de otros ejemplares.

Ambos fueron considerados autores penalmente responsables del delito de comercio de especies protegidas, sin prisión preventiva, en el marco de una causa que pone de relieve el daño ambiental generado por la caza furtiva y el tráfico de fauna autóctona.