La Justicia federal avanzó el fin de semana con la imputación y la prisión preventiva de trece personas acusadas de integrar una organización narcocriminal de alcance regional, desarticulada días atrás por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La banda, según la pesquisa, trasladaba cocaína desde Bolivia, la ingresaba por el norte argentino y la distribuía a distintos puntos del sur santafesino, entre ellos Rosario, Granadero Baigorria, Casilda y Villa Constitución. 

La causa, tramitada por la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario con asistencia de PROCUNAR NEA, demandó once meses de trabajo sostenido con seguimientos, escuchas y tareas encubiertas, informó Fiscales.gob.ar.

El operativo fue la continuidad de los 29 allanamientos realizados la semana pasada en Rosario, Capitán Bermúdez, Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Roldán y Casilda, donde se secuestraron casi 53 kilos de cocaína, más de 51 millones de pesos, 67 mil dólares, 13 armas de fuego, 691 municiones y 17 vehículos. 

Con ese volumen de evidencia, la investigación permitió reconstruir la operatoria completa de una organización cuya estructura mayorista abastecía a revendedores de varias localidades, incluida Villa Constitución, donde los fiscales detectaron puntos de distribución vinculados al circuito investigado.

Roles y estructura

En la audiencia de formalización, los fiscales coadyuvantes Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi expusieron ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz cómo operaba la organización. 

Según detallaron, la banda contaba con tres niveles: una célula mayorista —liderada por A.F.S.— encargada de realizar los viajes al norte y canalizar la compra de cocaína de origen boliviano; un nivel intermedio formado por J.F.R. y G.A.G., quienes recibían la droga, coordinaban a los vendedores y administraban distintos puntos; y un tercer eslabón compuesto por revendedores encargados del fraccionamiento y comercialización.

A.F.S. fue imputado como organizador y financista, mientras que al resto de los acusados se les atribuyeron distintos grados de responsabilidad por tráfico de estupefacientes agravado por intervenir tres o más personas organizadas, en modalidades que incluyen almacenamiento, distribución, comercio y tenencia con fines de comercialización. Además, seis de ellos fueron imputados por tenencia ilegítima de armas de fuego, ya que en sus domicilios se hallaron pistolas, revólveres, una escopeta, una carabina, municiones y cargadores.

Los fiscales remarcaron que la organización actuaba con rapidez y coordinación: los viajes al norte duraban uno o dos días, se registraban impactos de antenas en Aguas Blancas (Salta) y movimientos exprés hacia Bermejo (Bolivia). La aparente fachada comercial —en la que se traían electrodomésticos en cantidades insignificantes— era incompatible con una actividad lícita y permitió confirmar que los traslados respondían al pago y transporte de estupefacientes.

Evidencia clave

Uno de los elementos más relevantes secuestrados durante los allanamientos fue un cuaderno con anotaciones que documentaban el movimiento real de la droga. Allí constaba que desde el 29 de agosto la célula mayorista había recibido 745 paquetes de cocaína —equivalentes a unos 750 kilos de máxima pureza— y que a partir del 12 de noviembre ya había entregado más de 500 paquetes a distintos distribuidores. Ese registro permitió dimensionar la capacidad económica y operativa de la organización, que en apenas dos meses y medio movilizó una cantidad de droga superior a la de muchos expedientes federales acumulados en un año.

En paralelo, las intervenciones telefónicas confirmaron el rol de J.F.R. como subdistribuidor con red propia de vendedores, además de su participación en maniobras de entrega y cobro. Los investigadores registraron movimientos constantes en el domicilio de Braille al 1400 de Rosario, donde se observaron pasamanos y dinámicas que evidenciaban un punto activo de venta.

Los allanamientos también dejaron al descubierto parte del funcionamiento económico del grupo: además de la droga y las armas, se secuestraron balanzas de precisión, elementos de corte, documentación contable, dinero en grandes cantidades, teléfonos celulares y vehículos utilizados para los traslados. Entre esos movimientos, los fiscales remarcaron especialmente los vínculos de abastecimiento que derivaron, entre otros destinos, en puntos detectados en Villa Constitución, reforzando la dimensión regional del circuito delictivo.

Preventivas y medidas patrimoniales

Tras analizar la evidencia y el encuadre legal solicitado por el Ministerio Público Fiscal, el juez Da Cruz dictó la prisión preventiva para los trece imputados hasta el 1º de abril de 2026. La medida se justificó en la magnitud de la organización, la posibilidad de entorpecimiento y el riesgo de fuga ante una acusación que prevé penas elevadas.

Además, el magistrado ordenó medidas patrimoniales clave: la inhibición general de bienes de todos los acusados por un monto equivalente a 50 millones de pesos, el embargo de siete vehículos para su eventual decomiso y una medida cautelar específica sobre el domicilio de Vieytes al 2700, donde se encontraron los 53 paquetes de cocaína.

La investigación continuará con nuevas medidas que buscarán profundizar las responsabilidades individuales y posibles conexiones adicionales en ambos extremos de la cadena, conscientes de que la organización abastecía varios puntos del sur santafesino, entre ellos Villa Constitución, que vuelve a aparecer como territorio afectado por estructuras narco de dimensión regional.