Los fiscales federales Matías Di Lello, Santiago Marquevich y Javier Arzubi Calvo solicitaron la elevación a juicio oral para seis personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a secuestros extorsivos en las ciudades de Rosario y Villa Ramallo, cometidos entre 2021 y 2023. La banda, que presuntamente operaba con un alto grado de sofisticación, seleccionaba a sus víctimas en función de su alto poder adquisitivo y establecía cautiverios temporarios en propiedades alquiladas.

Según los investigadores, los acusados —entre ellos un mecánico, un animador de eventos infantiles y un parrillero— participaban en una red estructurada con roles definidos, siendo algunos de ellos los responsables de la logística y otros de la ejecución de los secuestros. Los fiscales sostienen que esta organización logró recibir rescates de hasta medio millón de dólares en uno de los casos investigados.

El pedido de elevación a juicio fue presentado ante el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, quien evaluará si corresponde el avance a la etapa oral. La causa está liderada por el fiscal Matías Di Lello, de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, y Santiago Marquevich, de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), con la colaboración de Javier Arzubi Calvo, fiscal federal de Rosario.

Una banda con jerarquías

Los seis imputados, todos en prisión preventiva, son: Claudio Daniel Coto (62), comerciante señalado como el jefe de la organización; Néstor Adrián Santabaya (60), mecánico y supuesto organizador logístico; Emiliano Mario Andrés Acuña (37), animador de eventos infantiles; Sebastián Ezequiel Pugliese (46), cerrajero; Silvia Beatriz López (43), pareja de Pugliese; y Nicolás Adrián Santabaya (31), hijo del mecánico y dueño de una parrilla, quien también realizaba tareas de apoyo logístico.

Para los fiscales, Coto y Santabaya padre ocupaban los roles principales en la organización, mientras que los demás colaboraban en la ejecución de los secuestros y en las tareas de inteligencia y custodia de las víctimas. Nicolás Santabaya, en particular, solo fue imputado por su participación en la asociación ilícita y por la tenencia ilegal de un arma de guerra hallada en uno de los allanamientos realizados.

Modus operandi 

Entre los delitos imputados se encuentran tres secuestros extorsivos —dos consumados y uno en tentativa— que tuvieron lugar entre 2023 y 2021. En uno de los casos más resonantes, el 24 de enero de 2023, la banda secuestró a uno de los hijos de un empresario del sector petrolero. La víctima fue interceptada en un falso control policial cerca de Villa Ramallo, conducida a un inmueble en San Nicolás y liberada tras el pago de 580.000 dólares. Según el testimonio del secuestrado, la banda lo retuvo en condiciones de vulnerabilidad extrema y lo liberó al costado de una ruta después de que el pago fuera entregado en una estación de servicio.

Cinco días después de este primer secuestro, el grupo criminal intentó capturar a la pareja y al hijo de 13 años de un empresario farmacéutico en el garaje del edificio en el que vivían, en Rosario. Aunque este intento fue frustrado por un problema mecánico, el 10 de octubre lograron capturar a ambas víctimas en el mismo lugar y trasladarlas a un inmueble en San Nicolás. Para su liberación, exigieron tres millones de dólares al empresario, aunque, en este caso, las víctimas fueron liberadas sin recibir el pago del rescate.

La acusación incluye también un secuestro previo, ocurrido el 20 de julio de 2021, cuyo objetivo fue un financista rosarino. Este hecho no está aún incorporado en el juicio solicitado, ya que no ha sido dictado el procesamiento. Sin embargo, los fiscales lo mencionan como un indicio de que esta organización operaba con un patrón de conducta reiterado y sofisticado.

Pruebas clave

La acusación está respaldada por diversas pruebas, entre ellas escuchas telefónicas, análisis de llamadas y tráfico de datos, grabaciones de cámaras de seguridad, actas de allanamiento y elementos secuestrados en las propiedades que utilizaban como centros de cautiverio. La Fiscalía también presentó un organigrama y mapas de las zonas de operación elaborados por el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal.

Estructura de una banda sofisticada

Di Lello y Marquevich describen a la organización como una "comunidad criminal" que mantenía un modus operandi casi idéntico en cada hecho: operaban en horarios similares (por la mañana en días hábiles), seleccionaban a sus víctimas en función de su poder adquisitivo y rentaban inmuebles a través de plataformas digitales como Mercado Libre o Airbnb para retener a los cautivos. También empleaban celulares con titularidades falsas y exigían montos elevados de rescate, siguiendo un patrón que, según los fiscales, evidencia una planificación minuciosa y profesional.

Los fiscales también subrayan que el presunto líder de la banda, Claudio Daniel Coto, operaba bajo el alias de “Juan Carlos Sacullo” en sus transacciones para alquilar propiedades y en las comunicaciones con las familias de las víctimas. Las pruebas acústicas de la Policía Federal identificaron a Coto como la voz en los mensajes extorsivos enviados durante los secuestros, fortaleciendo su posición como jefe y coordinador de los hechos.

Inteligencia artificial y justicia

Finalmente, la Fiscalía expresó su intención de sentar un precedente en cuanto a la lucha contra la criminalidad organizada en el país. La presentación de pruebas y la solicitud de juicio elevan la expectativa sobre el desarrollo del proceso, en el que se pondrá en evidencia el alcance de la operación de una banda que, según los fiscales, "demostró una capacidad organizativa superior al promedio".

Los acusados se enfrentan a cargos por asociación ilícita, secuestro extorsivo agravado, robo agravado en banda y tenencia de armas. La Fiscalía confía en que la fase oral permitirá demostrar los vínculos entre los imputados y el impacto de sus acciones en la sociedad. 

Este caso, por su complejidad y la cantidad de pruebas involucradas, representa un ejemplo de la creciente utilización de inteligencia operativa en la investigación de delitos complejos en Argentina.