La concejal de Unión por la Patria, Evelyn Casa, presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Gobierno de la provincia de Santa Fe que declare la emergencia laboral y productiva, con el objetivo de implementar herramientas de asistencia para pequeñas y medianas empresas (Pymes), comercios y cooperativas, preservar los puestos de trabajo y prevenir nuevos cierres.

La iniciativa surge en un contexto de deterioro de la actividad económica y del empleo registrado, que también afecta a Villa Constitución y al departamento Constitución. «Aún hay muchas firmas en crisis y hay que prevenir futuros nuevos cierres», sostuvo la edil al fundamentar su propuesta.

Casa señaló que los indicadores del empleo muestran un escenario preocupante. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 Santa Fe perdió 3.065 empleadores y 20.412 puestos de trabajo registrados.

La industria manufacturera y el transporte fueron los sectores más afectados, mientras que casi el 90% de las pérdidas se concentró en pequeñas y medianas empresas de hasta 500 trabajadores.

A su vez, datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) indican que 13 de los 19 departamentos santafesinos registraron pérdidas de puestos laborales. Rosario concentró el 57,7% de la caída, con 9.358 empleos menos, mientras que el departamento Constitución presentó el mayor retroceso relativo, con una disminución del 9%. En este último también se registró una caída del 22,9% del salario bruto.

Medidas para sostener a las empresas

En los fundamentos del proyecto, Casa planteó que Villa Constitución no es ajena a esta realidad, que vinculó con un modelo económico nacional caracterizado por la apertura de importaciones y el incremento de los costos de producción y servicios para las empresas.

En ese sentido, consideró que las dificultades que atraviesan distintas firmas locales no responden solamente a situaciones recientes, sino a un proceso de deterioro que lleva dos años y medio y que generó nuevos desempleados y puso en riesgo la continuidad de numerosas actividades productivas.

La declaración de emergencia permitiría activar mecanismos extraordinarios de asistencia, organizados en distintos ejes. Entre ellos, la concejal propuso implementar medidas de alivio fiscal y financiero provincial, como la suspensión de ejecuciones fiscales, embargos y juicios impulsados por los organismos de recaudación contra Pymes, cooperativas y comercios.

También contempla prórrogas y exenciones impositivas, junto con planes de pago especiales y moratorias con tasas de interés subsidiadas o nulas para facilitar la regularización de deudas acumuladas.

Otro de los puntos centrales es la posibilidad de establecer subsidios directos al salario. La propuesta plantea que el Gobierno provincial destine partidas presupuestarias para cofinanciar una parte de los sueldos de trabajadores del sector privado, como herramienta para evitar despidos.

Como antecedente, Casa mencionó los programas REPRO y ATP implementados durante la pandemia de 2020, que permitieron la intervención del Estado para sostener los puestos de trabajo y preservar actividades productivas y oficios.

El costo social de la crisis

La concejal también puso el foco en el impacto social y presupuestario que genera la pérdida de empleo y el deterioro de la actividad industrial, al señalar el crecimiento de las prestaciones asistenciales destinadas a los sectores más afectados.

En ese marco, mencionó la evolución de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y la Prestación por Desempleo como indicadores de la mayor demanda de asistencia estatal.

De acuerdo con los datos incluidos en su presentación, la AUH alcanza a unos 4,1 millones de niños y adolescentes, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a alrededor de 2.546.130 familias.

Asimismo, indicó que durante la actual administración nacional creció un 30% la cantidad de personas que perciben la Prestación por Desempleo, con 473.186 altas acumuladas en el sector privado, sin contabilizar a los trabajadores estatales cesanteados.

A partir de este escenario, Casa sostuvo que resulta necesario adoptar medidas preventivas que permitan sostener el entramado productivo, proteger las fuentes laborales y fortalecer el mercado interno, antes de que las dificultades económicas deriven en nuevos cierres de empresas y despidos.

La iniciativa busca que la Provincia intervenga con herramientas extraordinarias para acompañar a los sectores productivos y evitar que la crisis laboral continúe profundizándose en Santa Fe.