A casi medio siglo de la brutal represión desatada el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución, el proceso judicial conocido como la "Causa Villazo" atraviesa un momento de profunda tensión. Luego de que el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario dictara la absolución de los 17 acusados —entre ellos exmilitares, expolicías y un exjefe de seguridad de la empresa Acindar—, los organismos de derechos humanos han manifestado su absoluto rechazo.

Jorge Martín, referente de la agrupación "Memoria, Verdad y Justicia", expresó en una reciente entrevista la postura de las víctimas frente a lo que consideran un retroceso histórico.

Un cambio de rumbo inesperado

Para Martín, la sentencia representa una ruptura con la tradición jurídica argentina en materia de crímenes contra la humanidad. "Históricamente el Tribunal, en los fallos de delito de lesa humanidad, fallo siempre a favor de las víctimas. En este caso, ha hecho un giro de 180 grados", analizó el referente.

Según el testimonio, esta decisión no es ajena al contexto actual. Martín sostiene que "la justicia se acomoda más fácilmente a los tiempos políticos" y vincula el fallo con un gobierno que "es negacionista y que reivindica la dictadura". Asimismo, subrayó la importancia de haber demostrado la participación de actores económicos en la represión: "Lo que podíamos, digamos, más valioso era demostrar la participación de Acindar en esta represión y posteriormente el acompañamiento a la dictadura militar".

La criminalización de las víctimas

Uno de los puntos más críticos señalados por el profesor es la fundamentación de los jueces, quienes, según sus palabras, invirtieron la carga de la responsabilidad. "Hay una fundamentación realmente totalmente sacada de línea, o sea, es como que ellos dicen que nosotros en vez de ser las víctimas estábamos organizando un movimiento para la toma del poder", denunció Martín.

Lejos de esa interpretación, Martín recordó que el Villazo fue "un hecho local" que involucró a toda la comunidad: "Fue del pueblo de Villa Constitución que se movilizó, cerró las puertas a los comercios en apoyo a la huelga de los trabajadores". En ese sentido, calificó el operativo represivo como un "ataque terrorista para infundir el miedo" que afectó a toda la población mediante detenciones, torturas y desapariciones.

La esperanza puesta en Casación

Frente a este escenario, la querella ya ha formalizado la apelación ante la Cámara de Casación Nacional. A pesar del malestar, queda una expectativa de que la instancia superior pueda revertir lo resuelto en Rosario.

"Ojalá sea, que tome una actitud, digamos, de hacer justicia como lo ha hecho anteriormente y nos favoreció muchísimo", expresó Martín. El objetivo final es claro: que se pueda "rever este fallo que es realmente indignante para toda la comunidad de Villa y para la Justicia".