El Gobierno de Santa Fe llevó adelante la destrucción de 200 caños de escape de motocicletas adulterados que habían sido secuestrados en procedimientos vinculados al delito. El operativo se realizó en el predio de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), ubicado en la localidad de Alvear, departamento Rosario.

La medida forma parte de la política impulsada por la actual gestión provincial para afectar la estructura económica de las organizaciones delictivas, mediante el decomiso, reutilización o destrucción de los bienes obtenidos o utilizados en actividades ilícitas.

Evitar que vuelvan al mercado ilegal

El secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, explicó que la destrucción fue el resultado de un trabajo coordinado de relevamiento de los vehículos secuestrados que iban a ser eliminados del circuito.

"Separamos 200 caños de escape adulterados que generaban disturbios a los vecinos de distintos barrios de la provincia", señaló el funcionario, al tiempo que remarcó que estos elementos son destruidos para impedir que vuelvan a comercializarse de manera ilegal.

Figueroa Escauriza sostuvo además que esta política se aplica desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. "A cada elemento secuestrado al delito le buscamos otro destino: algunos son subastados, otros donados y, en otros casos, destruidos", indicó.

Recuperar bienes para la comunidad

Desde la Provincia señalaron que se decomisa los bienes vinculados a actividades ilícitas y luego se los devuelve a la comunidad a través de subastas públicas, la reutilización con fines sociales o el uso del Estado. De esta manera, se produce un ciclo virtuoso que permite que los bienes del delito vuelvan a la ciudadanía y a instituciones de bien público.

El objetivo de esta estrategia es transformar los recursos obtenidos o utilizados por organizaciones criminales en herramientas de utilidad pública, evitando que regresen al circuito delictivo y demostrando la capacidad del Estado para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado.