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Imputaron a cinco despedidos por el bloqueo de los accesos a la planta

La jueza Marisol Usandizaga hizo lugar al pedido del fiscal Ramiro Martínez y ordenó el cese del estado antijurídico por 90 días.

El conflicto laboral de Gentec SRL y Plantium SA sumó un capítulo judicial. Cinco exempleados de las empresas fueron imputados por el delito de turbación de la posesión, como coautores, a raíz del bloqueo de los accesos al establecimiento industrial de San Luis 279, en Villa Constitución. La jueza Marisol Usandizaga hizo lugar a la imputación presentada por el fiscal Ramiro Martínez y dispuso el cese del estado antijurídico por un plazo de 90 días.

La acusación fiscal

Los imputados son Natalia Mirna Arce, Regina Carassai, Agostina Emilia Compagnucci, Leandro Sebastián Lumbia y Fabricio Jesús Rodríguez. Según la acusación, los cinco permanecían desde el 2 de noviembre en las inmediaciones de la planta y el 17 de noviembre colocaron candados propios en los portones, impidiendo el ingreso y egreso de personas, vehículos y mercaderías.

También se les atribuye haber colocado neumáticos para obstaculizar la apertura de los accesos, una modalidad que, de acuerdo con la Fiscalía, se mantuvo hasta el 20 de noviembre.

La investigación se sustenta en la denuncia empresarial, registros de las cámaras de seguridad, fotografías, publicaciones periodísticas y un informe ambiental de la Policía de Investigaciones. Martínez explicó extraoficialmente que los cinco trabajadores imputados fueron identificados en registros fílmicos.

Cese por 90 días

La resolución judicial dispone el cese del estado antijurídico durante 90 días, con el objetivo de que los reclamos de los trabajadores despedidos se encaucen conforme a los mecanismos previstos por la legislación laboral.

La imputación corresponde al artículo 181, inciso 3°, del Código Penal, que contempla el delito de turbación de la posesión o tenencia. La atribución de responsabilidad penal deberá resolverse durante el proceso judicial.

Una consideración periodística: evitaría presentar la resolución como una prohibición general de protestar o manifestarse. Lo que surge de la información es una orden de cese del estado antijurídico vinculada con los hechos investigados y por un plazo determinado. Es importante mantener esa precisión.

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