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Familia de Empalme enfrenta el riesgo de perder su vivienda

Marisa Servín asegura que compró el terreno en 2007 y que años después supo que el vendedor no estaba autorizado a comercializarlo. Ahora enfrenta un desalojo en 28 días.

Una familia del barrio Los Ciruelos de Empalme Villa Constitución atraviesa una situación desesperante ante el riesgo de perder la única vivienda que posee, luego de perder un juicio relacionado con la propiedad del terreno que ocupa desde hace casi dos décadas.

Marisa Servín contó que junto a su marido, Juan Aníbal Benítez, adquirió el lote en 2007, luego de conocer la oferta a través de una publicidad en un medio gráfico. Según relató, entregaron un automóvil y dinero obtenido mediante un crédito para concretar la operación.

Dos años después, en 2009, la familia se instaló en el lugar con una vivienda prefabricada. Servín estaba embarazada de su segundo hijo y, con el paso de los años, fueron ampliando la construcción con mucho esfuerzo.

La situación tomó otro rumbo alrededor de 2012, cuando la mujer se acercó a la comuna debido a que no recibía los impuestos correspondientes al terreno. Allí, según su relato, le informaron que había sido víctima de una presunta estafa, ya que Sebastián Navas, a quien identificó como el vendedor y quien en ese momento se desempeñaba como abogado de la comuna durante la gestión de Croco, no habría contado con autorización para comercializar esos lotes.

Pese a esa situación, la familia permaneció en el lugar y continuó construyendo su vivienda. “Es nuestra única vivienda”, explicó Servín, quien recordó que durante años fueron realizando las mejoras de manera progresiva mientras su marido era el único sostén económico del hogar.

 

Un juicio que terminó con una orden de desalojo

Según relató la damnificada, hace aproximadamente cuatro años comenzaron a recibir intimaciones de representantes vinculados a Bansini, en liquidación, cuyos titulares figurarían como propietarios de los terrenos. Posteriormente se inició un proceso judicial que la familia esperaba poder resolver favorablemente.

Sin embargo, hace una semana Servín fue informada de que habían perdido el juicio. Ahora cuentan con un plazo de 30 días para desalojar la vivienda o afrontar un pago cercano a los 18 millones de pesos, además de honorarios y otros gastos derivados del proceso.

“Tenemos 28 días a partir de hoy para desalojar o tenemos que pagar casi 18 millones”, explicó, y señaló que la familia no dispone de ese dinero.

Su marido es jubilado y ella sostiene un pequeño kiosco. En la vivienda viven además sus dos hijos adolescentes, que todavía concurren a la escuela.

Ante la urgencia, la familia decidió poner a la venta el único vehículo que posee, con la intención de reunir parte del dinero necesario. Al mismo tiempo, Servín solicitó la colaboración de la comunidad a través del alias MSERVIN81103.NX.ARS.

 

La mujer aseguró además que no sería la única damnificada por situaciones similares en el barrio. Según manifestó, habría al menos otras tres familias directamente afectadas y más vecinos que todavía no han escriturado sus terrenos y podrían atravesar problemas similares.

 

Corte de ruta y bingo solidario

Los vecinos damnificados resolvieron profundizar el reclamo y este martes realizarán un corte de la Ruta Provincial 21, a la altura del Restaurante Lion, en un horario que será definido por los organizadores. La protesta no estará limitada al caso particular de la familia Servín-Benítez, sino que contará con la participación de otros vecinos que aseguran encontrarse en situaciones similares.

En paralelo, familiares y allegados organizaron un bingo solidario para reunir fondos destinados a evitar que la familia pierda su vivienda. La actividad se realizará el 12 de septiembre, a las 14.30, en la Escuela Técnica de Empalme, y todo lo recaudado será destinado a afrontar la situación judicial.

Los organizadores también solicitaron donaciones de premios para el bingo y aportes económicos de quienes puedan colaborar.

Mientras corre el plazo judicial, la familia busca alternativas para reunir el dinero y evitar el desalojo. “No tengo otra vivienda”, resumió Servín al pedir ayuda a la comunidad ante una situación que, según sostiene, comenzó con la compra de un terreno que creyó que podía adquirir legalmente y que casi veinte años después pone en riesgo el hogar construido junto a su familia.

 

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