El Concejo Municipal vivió el miércoles una sesión autoconvocada que terminó marcando un fuerte quiebre político: la Ordenanza Tributaria 2026 fue rechazada al no alcanzar ninguno de los tres despachos presentados el mínimo de cinco votos necesarios para su aprobación.

Tras cinco horas de debate y un cuarto intermedio para intentar unificar criterios, la votación dejó en evidencia la fragmentación del cuerpo legislativo. El resultado fue contundente: tres despachos, tres bloques, ninguna mayoría.

El dictamen impulsado por Nicolás Rubicini y Evelyn Casa (PJ), junto a Andrés Avilé (Inspirar), obtuvo tres votos afirmativos y cinco negativos. El despacho presentado por Francisco Bracalenti y Diego Martín (Unidos para Cambiar Santa Fe) cosechó también tres votos positivos y cinco negativos. En tanto, el dictamen de Matías Tomasi y Marianela De Los Santos (La Libertad Avanza) reunió dos votos afirmativos y seis rechazos.

Con este escenario, la Ordenanza Tributaria 2026 quedó caída formalmente.

Qué implica el rechazo

El reglamento interno es claro: cuando un proyecto no logra la mayoría necesaria para su sanción, no puede volver a tratarse hasta pasado un año. Por lo tanto, seguirá vigente la Ordenanza Tributaria 2025, con sus fórmulas y mecanismos de actualización.

Esto significa que continuará aplicándose la polinómica ya establecida para la Tasa General de Inmuebles, agua, cloacas y otros servicios, con el tope vinculado al índice de precios que el Concejo había fijado el año anterior. También seguirán vigentes los porcentajes actuales del Derecho de Registro e Inspección (DReI) y el resto de las cargas tributarias municipales.

En términos prácticos, no habrá un nuevo esquema impositivo para 2026. Para el vecino, implica que los aumentos seguirán la fórmula ya prevista. Para el Ejecutivo, supone un impacto directo en la planificación financiera, ya que el proyecto original contemplaba ajustes promedio cercanos al 25% para sostener el equilibrio presupuestario en un contexto inflacionario.

La caída de la Tributaria obliga además a reformular el Presupuesto 2026, que proyectaba recursos totales por más de 56 mil millones de pesos y un leve superávit financiero. Sin la actualización tributaria prevista, el Ejecutivo deberá recalcular ingresos y reenviar el proyecto al Concejo.

Las diferencias que no se saldaron

Según explicó la presidente del Concejo, Carla Bertero, existían cuatro puntos centrales donde no se logró consenso, pese a numerosas reuniones previas.

Uno de los ejes fue el Derecho de Registro e Inspección (DReI). Desde La Libertad Avanza se propuso una baja significativa de la alícuota, mientras que otros bloques advirtieron que una reducción de ese tipo afectaría fuertemente las arcas municipales. También se debatió la posibilidad de revisar ese tributo a mitad de año si la situación económica lo ameritaba.

Otro punto de fricción fue la intención del Ejecutivo de avanzar con una rezonificación que implicara modificar categorías y, en consecuencia, el monto de las tasas. Los ocho concejales coincidieron en rechazar esa propuesta.

También hubo posturas distintas respecto al mecanismo de actualización: sistema polinómico, aumentos ad referéndum del Concejo o con tope específico. Las diferencias técnicas derivaron finalmente en tres dictámenes separados.

Bertero sostuvo que la discusión “se agotó” y que cada bloque decidió llevar su propuesta al recinto. El resultado reflejó, según reconoció, que el Concejo “está bastante desunido” y que esa falta de cohesión se notó en la votación de “una herramienta tan importante”.

Un Concejo fragmentado y un año desafiante

La caída de la Ordenanza Tributaria 2026 es el primer gran test político del Concejo tras su nueva conformación desde el 10 de diciembre. Con ocho integrantes distribuidos en tres espacios, ninguna fuerza posee mayoría propia.

La sesión dejó en claro que, sin acuerdos transversales, resulta imposible sancionar herramientas centrales para la gestión municipal. El oficialismo no logró reunir apoyos suficientes, pero tampoco prosperaron las alternativas de la oposición.

Este escenario anticipa un 2026 de negociaciones permanentes, donde cada proyecto requerirá consensos finos. La fragmentación no solo condiciona al Ejecutivo, que ya no cuenta con mayorías aseguradas, sino también a los propios bloques opositores, que tampoco pueden imponer iniciativas sin alianzas circunstanciales.

Incluso desde el propio recinto se deslizó que la tensión con el Ejecutivo podría profundizarse, aunque también se reconoció que existían alternativas políticas que no fueron exploradas para evitar la caída del proyecto.

Señales hacia adelante

La vigencia de la Ordenanza 2025 otorga al Ejecutivo herramientas limitadas pero existentes para actualizar tasas bajo el esquema actual. Sin embargo, el rechazo de la nueva Tributaria envía una señal política clara: el Concejo exige mayor construcción de consensos.

Más allá del impacto técnico y financiero, lo ocurrido el miércoles instala una pregunta central sobre el rol del Legislativo local en esta nueva etapa. La necesidad de acuerdos ya no es una opción, sino una condición indispensable para gobernar y legislar.

La caída de la Tributaria 2026 no solo mantiene el esquema impositivo vigente: también inaugura un período donde la fragmentación política será un factor determinante en cada decisión clave que deba tomar el Concejo Municipal.