La clausura de ocho depósitos de la empresa Moviport S.A. y Casport S.A. derivó en un conflicto que trasciende el plano administrativo y ya tiene derivaciones políticas y judiciales en San Nicolás. Mientras la Municipalidad sostiene que la medida respondió a incumplimientos en materia de habilitación, seguridad y control ambiental, la empresa denuncia una persecución política impulsada por el gobierno local, en un enfrentamiento que mantiene en vilo a trabajadores, empresarios y al propio ámbito institucional de la ciudad.

 

La clausura de los depósitos

El conflicto comenzó el 3 de julio, cuando la Municipalidad informó la clausura preventiva de ocho depósitos pertenecientes a Moviport S.A. y Casport S.A., utilizados para el almacenamiento y fraccionamiento de fertilizantes.

Según el comunicado oficial, durante una primera inspección las empresas fueron intimadas a presentar en un plazo de 48 horas la documentación exigida por la normativa municipal.

Entre los documentos requeridos figuraban: seguros ambientales y de responsabilidad civil; informes del Cuerpo de Bomberos; estudios de puesta a tierra; informes sobre aparatos sometidos a presión; monitoreos de calidad del aire; certificados de disposición final de residuos especiales; certificados de instalaciones SASH; documentación vinculada a las habilitaciones comerciales.

La Municipalidad aseguró que, vencido el plazo, las empresas no regularizaron la situación y que, durante una nueva inspección, el personal municipal no fue autorizado a ingresar a los establecimientos para verificar el cumplimiento de las intimaciones.

Frente a esa situación se dispuso la clausura preventiva de los ocho depósitos por presuntas infracciones al Código de Convivencia y Faltas Municipales.

Desde el Ejecutivo remarcaron que esos controles se realizan para garantizar la seguridad de los trabajadores, proteger el ambiente y preservar la seguridad de la comunidad.

 

La respuesta de Chouhy

Ese mismo día, Federico Chouhy rechazó de plano la versión oficial.

A través de un mensaje público afirmó que toda la documentación había sido presentada en tiempo y forma y sostuvo contar con los comprobantes que acreditan esa presentación.

Además, denunció que los inspectores "ni siquiera quisieron revisar esa documentación" porque, según su versión, "llegaron con la decisión de clausurar ya tomada".

 

El empresario vinculó directamente la medida con su rol político como concejal opositor.

"Desde hace meses vengo denunciando irregularidades, presentando pedidos de informes y controlando el poder. Hoy, en lugar de responder con explicaciones, utilizan el aparato del Estado en contra de mis empresas", expresó.

Asimismo, aseguró que no reclama privilegios, sino igualdad ante la ley y que las normas sean aplicadas "con imparcialidad y sin persecuciones políticas".

 

El debate llegó al Concejo Deliberante

Cinco días después, el 8 de julio, el conflicto ingresó al Concejo Deliberante.

Chouhy impulsó un proyecto de resolución mediante el cual pretendía expresar la preocupación institucional por la clausura de Moviport y reafirmar que toda clausura de un establecimiento comercial debe realizarse con fundamentos claros, transparencia y pleno respeto al derecho de defensa.

La iniciativa fue rechazada por la mayoría del cuerpo.

Tras la votación, el concejal sostuvo que los ediles oficialistas no solamente rechazaron su proyecto, sino que terminaron respaldando la actuación del Departamento Ejecutivo.

"No me sorprende y cada vecino sabe lo que eso significa para San Nicolás", manifestó.

 

Críticas a la administración municipal

En medio del conflicto, Chouhy profundizó también sus cuestionamientos a la administración local.

El 14 de julio cuestionó el destino de los recursos enviados por la Provincia para educación.

Afirmó que durante 2025 San Nicolás recibió 3.800 millones de pesos, de los cuales —según sostuvo— sólo se ejecutó alrededor del diez por ciento.

Con esos fondos, aseguró, podrían haberse realizado importantes mejoras en establecimientos educativos, incorporando equipamiento, laboratorios, sistemas de climatización y espacios tecnológicos.

 

El conflicto pasó al plano judicial

La controversia continuó escalando. El 21 de julio, Chouhy informó que la Justicia había dispuesto levantar la clausura preventiva de Moviport.

Sin embargo, denunció que ese mismo día el Municipio resolvió dictar una clausura definitiva sobre la empresa.

Además, señaló que inspectores municipales realizaron una nueva inspección y volvieron a requerir documentación otorgando un plazo adicional de 48 horas.

Según explicó, se trata de expedientes que la Municipalidad posee desde hace años y que corresponden a una empresa que desarrolla su actividad desde hace aproximadamente quince años.

El empresario volvió a cuestionar el accionar municipal preguntándose qué justificaba mantener la clausura durante más de veinte días y advirtió sobre las consecuencias para los trabajadores de la empresa.

 

El respaldo recibido

Dos días después, el 23 de julio, Chouhy publicó un nuevo mensaje agradeciendo las muestras de apoyo recibidas tanto en redes sociales como personalmente.

Ratificó que continuará impulsando el reclamo judicial y político hasta lograr que, según expresó, "nunca más haya atropellos" contra comerciantes, empresarios y emprendedores de San Nicolás.

También sostuvo que seguirá trabajando para que cualquier vecino pueda expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias.

 

Dos versiones completamente enfrentadas

El conflicto presenta hoy dos posturas claramente contrapuestas.

La Municipalidad sostiene que la clausura respondió exclusivamente al incumplimiento de normas de habilitación, seguridad y control ambiental, además de la imposibilidad de verificar la situación de los depósitos durante las inspecciones.

Por el contrario, Federico Chouhy asegura que toda la documentación fue presentada correctamente y que la medida constituye una represalia política por su actividad como concejal opositor y por las denuncias que viene realizando sobre la administración municipal.

Mientras la disputa continúa en el ámbito judicial, el caso se convirtió en uno de los episodios de mayor tensión política registrados en San Nicolás en los últimos años, enfrentando al oficialismo municipal con uno de sus principales referentes opositores y trasladando el debate desde el plano administrativo hacia una discusión sobre los límites del poder de control del Estado y las garantías para la actividad empresarial.